Nuevo giro en el ‘caso Negreira’: Laporta, investigado

El juez Joaquín Aguirre ha determinado incorporar a Joan Laporta y a la directiva de su primera etapa a la investigación del citado ‘caso Negreira’. Este cambio de postura se debe a una nueva interpretación del plazo de prescripción de un supuesto delito. Por lo tanto, se suman a los cargos denunciados inicialmente: Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Óscar Grau y Albert Soler.

El actual presidente del FC Barcelona se enfrenta a diversos delitos, por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Enríquez Negreira, y a su hijo. Entre los cargos que se le imputa se enumera un delito continuado de cohecho, de corrupción deportiva, un delito continuado de administración desleal y de falsedad en documento mercantil. Esta decisión ha sido publicada, esta mañana, en el nuevo auto del juez Aguirre.  En el mismo, mantiene la idea de que Negreira quiso “beneficiar al Barcelona en detrimento de otros clubes tanto en Liga como en Copa, con designaciones arbitrales tendenciosas o bien admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados”. Además, refleja la ilegalidad de proporcionar información privilegiada a cualquier equipo, ya que causa perjuicio en el resto de clubes de la competición.

El nuevo texto publicado contradice a la Fiscalía Anticorrupción, por el hecho de que no incluyó a Laporta en la investigación inicial. Para ello, argumentó una prescripción de los supuestos delitos. Pero el magistrado, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, expone que las consecuencias penales sí le permiten imputarlo. Para lo cual, se tiene en cuenta la fecha del último, supuesto, delito (2018) y la pena máxima que se le puede imponer (10 años). Por consiguiente, la nueva fecha de investigación albergaría hasta 2008, incluyéndose los dos últimos años(2008-2010) de la primera etapa del actual presidente blaugrana.

Ahora les toca a los abogados del FC Barcelona recurrir ante la Audiencia de Barcelona la imputación por cohecho. En su defensa, se explicará que Negreira no se puede considerar funcionario, ya que pertenecía al CTA y ostentaba la condición jurídica de carácter privado. Aunque el juez Aguirre defiende, en su auto, que la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado a la Real Federación Española de Fútbol una entidad jurídico-pública. En consecuencia, sus directivos desempeñan funciones públicas, como ocurriría con José María Enríquez Negreira.