El Real Madrid pasa al ataque, ante el intento del FC Barcelona de impedir su personación como acusación particular en el tristemente célebre caso Negreira. Lo sucedido no es asunto baladí. Es por ello que los merengues no están dispuestos a aceptar que semejante barbaridad caiga en saco roto. Menos aún, cuando semana tras semana, sigue padeciendo las consecuencias de un arbitraje que no se da por aludido en la gravedad de lo acontecido. Nada que ver.
Gracias a la información suministrada por Libertad Digital, han podido conocerse los detalles del escrito introducido por el Real Madrid. Uno que ya ha sido remitido a la Audiencia Provincial de Barcelona. En él, argumenta que “el delito de corrupción deportiva es un delito de mera actividad que protege bienes jurídicos de los que, sin lugar a ninguna duda, es titular el Real Madrid. Es indiferente si está actualmente acreditado que el Real Madrid, C.F. padeció o no un perjuicio económico o deportivo. En absoluto puede descartarse tal perjuicio, ni que nuestra representada se pudiera haber vista afectada por una eventual alteración de los resultados de la competición, toda vez que existen sólidas evidencias del comportamiento de corrupción deportiva investigado y de su gravedad”.
A comienzos de este mismo mes de diciembre, el presidente del CSD, Víctor Francos, estuvo presente en una charla en el Círculo Ecuestre de Barcelona. En dicho escenario, si bien es cierto habló de “gravedad”, no lo es menos que también se refirió a situaciones “no demostrables”. De hecho, aseguró: “Me parece grave, pero está en el terreno de la justicia. Estoy convencido de que no es demostrable que se ha pagado a ningún árbitro, pero no es ético hacerlo”. Ese terreno tan ambiguo y tan común en la política, no se parece en nada a lo planteado por el Real Madrid en su escrito.
Además de lo ya relatado, el Real Madrid señaló: “Hablemos de una u otra figura típica (corrupción deportiva o cohecho), el Real Madrid C.F. es igual de ofendido y su legitimación activa para ejercer la acusación particular es igual de incuestionable. Ninguno de los recursos ofrece ninguna razón fáctica ni jurídica que justifique el por qué, a entender de los investigados, quien organiza o gestiona una competición sí que debe considerarse agraviado y, sin embargo, los clubes participantes en la misma, que todavía de forma más directa se habrían visto perjudicados por su eventual alteración delictiva, no”.
Por si lo ya argumentado fuese poco, el Real Madrid también indicó: “No cabe defender es que la causa esté basada en ‘elucubraciones e hipótesis no basados en datos objetivos’, ni en elementos ‘imprecisos y vaporosos’. Tampoco cabe afirmar que ningún ‘dato concreto’ apunte a que se haya llevado a cabo desde el F.C. Barcelona un comportamiento de corrupción arbitral, ya sea tradicional o sistémica, del que pueda reputarse ofendido o afectado al Real Madrid, C.F. en tanto participante de la competición de Liga de Primera División. Todo lo contrario, las evidencias que se manejan a día de hoy son abrumadoras e impiden basarse en una pretendida insuficiencia indiciaria sobre la que alegar que ningún club se vio perjudicado por los hechos denunciados”.
En resumen, el Real Madrid está demostrando con esto que no está dispuesto a ceder, ni un ápice, en su pretensión de que se haga justicia. Que un club, en este caso el F.C. Barcelona, haya pagado durante dieciocho años al vicepresidente en activo del estamento arbitral, no puede quedar impune. No es ético, tal y como lo indicaba el presidente del CSD. Pero, no hablamos nada más de un daño moral. Hablamos de perjuicios deportivos que no pueden, ni deben, pasarse por alto. Veremos qué decide la justicia y que vía va tomando el caso. Sin embargo, por el bien del fútbol en general, debe haber castigo. Dicho esto, por los momentos, resta esperar que el procedimiento siga su curso. Mientras tanto, dirigir los ojos a LaLiga y el resto de competiciones. Ojalá y los árbitros de los próximos encuentros no nos hagan recordar este tristemente célebre caso.